El presidente y la vicepresidenta de Nicaragua, junto a 16 imputados, enfrentan acusaciones de represión sistemática y abusos contra la población civil.

El juez federal Ariel Lijo ordenó la captura internacional con fines de extradición del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su vicepresidenta Rosario Murillo, y 16 personas más, acusados de graves violaciones a los derechos humanos.

La resolución, firmada este lunes, señala que los imputados deberán ser indagados en Argentina por su participación en un plan de represión sistemática en Nicaragua, que involucró a altas autoridades del país.

La denuncia, presentada por los abogados Diego Pirota y Darío Richarte, incluye persecuciones religiosas, detenciones de periodistas y abusos contra comunidades indígenas. Según Lijo, la represión se basó en un plan organizado que buscaba frenar manifestaciones y perseguir a opositores políticos, empleando la estructura del Estado nicaragüense. El juez detalló que las acusaciones incluyen encarcelamientos arbitrarios, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, deportaciones y censura mediática, entre otras violaciones. La represión comenzó en 2018, durante las protestas sociales en Nicaragua.