La reforma de la Ley de Seguridad Interior propone que las Fuerzas Armadas colaboren con las fuerzas de seguridad en situaciones extremas, como actos terroristas que busquen infundir miedo en la población. Esta iniciativa tiene como objetivo modernizar y flexibilizar el uso de los recursos estatales para enfrentar eficazmente las amenazas internas.
El proyecto permitiría desplegar al Ejército en operaciones de seguridad interior mediante decreto presidencial, algo actualmente restringido por una normativa que limita su rol a la defensa externa.
La propuesta establece que la intervención militar sólo ocurriría en casos excepcionales, como ataques terroristas, narcotráfico a gran escala o ciberataques críticos, previa declaración de necesidad por parte del Poder Ejecutivo. Petri sostiene que esta actualización es clave para adaptarse a desafíos contemporáneos, donde las fronteras entre amenazas externas e internas son difusas. “No podemos combatir el crimen organizado o el terrorismo con herramientas del siglo pasado”, argumentó el funcionario, enfatizando la coordinación entre instituciones.
No obstante, la iniciativa genera debates por sus posibles implicancias. Organizaciones de derechos humanos y sectores políticos advierten sobre riesgos de militarizar la seguridad ciudadana, recordando el legado de las dictaduras militares en Argentina. Critican que la medida podría normalizar la presencia castrense en tareas civiles, con escasos controles. El gobierno insiste en que la participación militar sería transitoria, regulada y subordinada a autoridades civiles, garantizando el respeto a las libertades individuales
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