El presidente Javier Milei enfrenta una creciente crisis institucional tras su intento de designar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema sin la aprobación del Senado. Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla fueron nombrados en comisión en febrero de 2025, pero el Senado rechazó sus pliegos el 4 de abril, lo que llevó a la renuncia de García-Mansilla poco después. Este episodio ha generado acusaciones de abuso de poder y ha profundizado la polarización política en el país.​

En respuesta, el gobierno ha anunciado una «reforma judicial profunda», que incluye la ampliación de la Corte Suprema y la transferencia de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires. Estas medidas buscan descentralizar el sistema judicial y fortalecer la independencia del poder judicial, aunque han sido criticadas por la oposición, que las considera un intento de concentración de poder.

La reforma también contempla la creación de un consejo de expertos para asesorar al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema judicial. Sin embargo, la falta de consenso político y las tensiones con la Corte Suprema dificultan la implementación de estas propuestas, dejando en suspenso el futuro de la reforma judicial en Argentina