Tras la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, el sindicato del sector criticó duramente la medida. Advirtieron sobre el impacto en la seguridad vial, el empleo y la infraestructura del país.

La decisión del Gobierno nacional de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad generó una fuerte reacción del gremio que agrupa a sus trabajadores. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, cuestionó la medida y señaló que podría tener consecuencias graves para la seguridad en las rutas y para el empleo público.

A través de un decreto, las funciones de Vialidad fueron transferidas al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Para el gremio, esto significa dejar sin mantenimiento a más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales, además del despido de unos 5.500 empleados.

Aleñá advirtió que esta decisión va más allá de una reorganización administrativa. Según explicó, debilita la planificación federal y técnica del desarrollo vial, deja decisiones en manos de funcionarios sin vínculo con los territorios y promueve la tercerización. También expresó preocupación por la liquidación de maquinaria e inmuebles estatales, que considera parte del patrimonio público.

El sindicato criticó además que se utilice el argumento de una supuesta ineficiencia para justificar el cierre, cuando en realidad —según afirmaron— hubo un recorte presupuestario previo que deterioró su funcionamiento. También rechazaron la idea de que gran parte del trabajo ya estaba tercerizado, y defendieron el rol estratégico de Vialidad en obras como bacheo, señalización, control de peso y mantenimiento invernal.

Finalmente, la conducción del gremio llamó a los gobernadores y fuerzas políticas a frenar la medida, por su impacto en la conectividad, el empleo y la seguridad vial en todo el país.