Con amplio respaldo, se convirtió en ley la emergencia en materia de discapacidad para garantizar prestaciones y pensiones. La norma busca actualizar aranceles, simplificar trámites y asegurar fondos para el sector.

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves la declaración de emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma fue aprobada por 56 votos de senadores del radicalismo, el peronismo, bloques provinciales y algunos legisladores del PRO, como Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez. La mayoría de los legisladores de La Libertad Avanza y el PRO no asistieron a la sesión, cuestionando su validez, por lo que fue presidida por la senadora peronista Silvia Sapag.

La ley busca garantizar el financiamiento y la actualización de las prestaciones para personas con discapacidad. Entre sus principales puntos, establece la actualización automática mensual del nomenclador arancelario y de las pensiones no contributivas según la inflación, manteniéndolas en el 70% del haber mínimo jubilatorio. También otorga pensiones inembargables a personas mayores de 70 años o con discapacidad que no tengan recursos ni cobertura previsional, siempre que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Durante el debate, el senador Fernando Salino (Convicción Federal) destacó que uno de los desafíos es la complejidad del trámite para obtener el CUD, y que la ley propone una nueva metodología para simplificarlo. Además, advirtió que los aranceles a prestadores no se actualizaban desde diciembre de 2024, cuando el aumento fue apenas del 0,5%.

Luis Juez (PRO), padre de una joven con discapacidad, hizo un emotivo discurso en el recinto. Señaló que este sector sigue siendo “invisible” para gran parte de la sociedad, y que esta ley representa al menos un gesto de acompañamiento. También denunció las dificultades que atraviesan las familias para acceder a tratamientos, incluso con cobertura médica.

Por su parte, la senadora peronista Stefania Cora subrayó que la emergencia responde a una “deuda histórica del Estado” y remarcó que el expediente fue trabajado en comisión con amplio consenso, reconociendo la urgencia del tema.