Argentina enfrenta en 2025 una de las campañas agrícolas más difíciles de la última década debido a la persistente sequía en varias regiones clave de producción. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires registraron un 35% menos de precipitaciones que el promedio histórico durante el primer semestre del año. Esta situación ha afectado directamente a la producción de soja, maíz y trigo, cultivos que representan más del 70% de las exportaciones agroindustriales del país.

De acuerdo con estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, la cosecha de soja alcanzará los 40 millones de toneladas, lo que implica una caída del 15% respecto a la campaña anterior. El maíz también se verá afectado, con una producción proyectada de 46 millones de toneladas, frente a los 52 millones del año pasado. Estas cifras no solo impactan en la economía nacional por la disminución de ingresos por exportaciones, sino que también generan dificultades para el abastecimiento interno de alimentos y la industria ganadera.

El fenómeno de sequía se enmarca en un contexto de cambio climático que intensifica la variabilidad de los patrones de lluvias. Investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) advierten que en las últimas dos décadas se ha observado un incremento en la frecuencia de eventos extremos, tanto de sequías prolongadas como de precipitaciones intensas. Este escenario obliga a los productores y al Estado a diseñar estrategias de adaptación que permitan reducir la vulnerabilidad del sector agropecuario.

A nivel económico, la caída en la producción tendrá un impacto directo en la recaudación fiscal y en la generación de divisas. El gobierno estima que las exportaciones del complejo sojero rondarán los 20.000 millones de dólares, un 18% menos que el año pasado. Esta disminución complica el ingreso de dólares necesarios para fortalecer las reservas del Banco Central y estabilizar el mercado cambiario, que ha mostrado una fuerte volatilidad en las últimas semanas.

Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura ha lanzado un paquete de medidas de asistencia que incluye créditos a tasa subsidiada, facilidades para la compra de insumos y programas de seguro agrícola para pequeños y medianos productores. Sin embargo, representantes del sector señalan que estas políticas son insuficientes y reclaman una reforma estructural que contemple incentivos para la adopción de tecnologías de riego, mejora genética de semillas y prácticas sustentables.

En paralelo, las provincias más afectadas han declarado la emergencia agropecuaria, lo que permite postergar el pago de impuestos y acceder a fondos especiales para atender a los productores. La medida busca evitar una crisis social en zonas rurales donde la actividad agrícola es la principal fuente de empleo. Según datos del Ministerio de Trabajo, se estima que más de 250.000 puestos de trabajo podrían verse en riesgo si la situación climática no mejora en los próximos meses.

El desafío para el país no solo es coyuntural, sino también estratégico. Argentina deberá avanzar hacia una agricultura más resiliente y sostenible, capaz de enfrentar los efectos del cambio climático sin comprometer la competitividad internacional. Para ello, será clave la articulación entre el Estado, el sector privado y la comunidad científica, con el objetivo de proteger uno de los motores históricos de la economía nacional.