La inseguridad volvió a instalarse como uno de los principales problemas de la agenda pública argentina. De acuerdo con el último informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana, los delitos contra la propiedad aumentaron un 18% en lo que va de 2025, con especial incidencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Robos de autos, asaltos en la vía pública y entraderas figuran entre los hechos más frecuentes, mientras la violencia en los episodios delictivos también muestra un preocupante incremento.

Las estadísticas oficiales reflejan una tendencia sostenida desde 2023. El Ministerio de Seguridad informó que los homicidios dolosos crecieron un 9% interanual, alcanzando una tasa de 5,6 cada 100.000 habitantes. En Rosario, epicentro de la violencia vinculada al narcotráfico, el número duplica el promedio nacional. A pesar del refuerzo de fuerzas federales y la instalación de cámaras de vigilancia, los expertos sostienen que el problema requiere políticas de prevención social y una mayor coordinación judicial y policial.

El aumento de la inseguridad repercute directamente en la percepción ciudadana. Según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública, el 78% de los argentinos considera que “vivir en su barrio es más inseguro que hace un año”, y un 63% afirma haber modificado sus rutinas por temor a ser víctima de un delito. Los comercios de cercanía reportan mayores gastos en seguridad privada, alarmas y sistemas de monitoreo, lo que impacta en los costos de operación y precios finales.

Los especialistas advierten que la crisis económica también influye en la dinámica delictiva. La caída del empleo formal, el aumento de la pobreza —que afecta al 46,5% de la población— y la expansión del mercado informal generan un contexto propicio para el crecimiento de economías ilegales. Las fuerzas de seguridad enfrentan además limitaciones de equipamiento, bajos salarios y escasa formación en el uso proporcional de la fuerza, factores que dificultan una respuesta eficiente y respetuosa de los derechos humanos.

El Gobierno nacional lanzó un “Plan Integral de Seguridad Urbana” que incluye patrullajes coordinados, incorporación de tecnología y un nuevo sistema de denuncias digitales. Las provincias, por su parte, avanzan con programas de vigilancia inteligente, botones antipánico y capacitación comunitaria. Sin embargo, las organizaciones civiles alertan que muchas medidas se enfocan en la reacción más que en la prevención, sin atender las causas estructurales de la violencia.

A mediano plazo, los analistas coinciden en que la recuperación de la seguridad requerirá una estrategia integral: fortalecimiento institucional, políticas sociales sostenidas y un sistema judicial ágil. También plantean la necesidad de transparencia policial y control civil para evitar abusos y corrupción. La inseguridad, concluyen, no es solo un problema policial, sino un reflejo de las profundas desigualdades sociales que atraviesan al país.