La condena a Diego García por abuso sexual marcó un precedente en el deporte y reactivó el debate sobre violencia de género en el fútbol. Tras el veredicto, el jugador quedó detenido y su club rescindió el contrato.

El fallo judicial fue interpretado por organizaciones deportivas y feministas como un mensaje claro de que los delitos sexuales deben tener respuesta incluso cuando involucran a figuras del ámbito profesional. El caso visibilizó nuevamente la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y acompañamiento dentro de los clubes.

Además de la pena impuesta, la rápida reacción de Peñarol al rescindir el contrato del jugador sumó un elemento institucional al debate. Especialistas señalan que es clave que los clubes contemplen cláusulas y protocolos específicos para actuar ante estas situaciones.

La condena reaviva también preguntas sobre la responsabilidad de las entidades deportivas para generar entornos seguros y promover conductas respetuosas. Con este caso, el deporte vuelve a estar en el centro de un tema social urgente y de alcance global.