La contaminación avanza en Argentina como un problema estructural que, pese a sus efectos visibles en la salud y en el ambiente, continúa sin recibir respuestas proporcionales a su gravedad. En 2025, los indicadores ambientales muestran un deterioro sostenido en los principales conglomerados urbanos, mientras que regiones productivas enfrentan tensiones crecientes vinculadas al uso intensivo de recursos naturales y a la falta de fiscalización efectiva.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la calidad del aire registra niveles preocupantes de material particulado y óxidos de nitrógeno, asociados al transporte, la industria y la generación energética. Organismos especializados alertan que los valores detectados superan en varios puntos del año las recomendaciones de la OMS. Esta situación afecta sobre todo a niños y adultos mayores, y se vincula con un aumento de enfermedades respiratorias en zonas densamente pobladas.

Los cursos de agua representan otro foco crítico. El Riachuelo, pese a más de una década de planes de saneamiento, continúa altamente contaminado por descargas industriales, residuos sólidos y aguas servidas. En paralelo, ríos clave como el Reconquista, el Salí y el Suquía presentan altos niveles de metales pesados y efluentes no tratados. La falta de infraestructura de tratamiento cloacal en muchas ciudades del interior agrava una problemática que combina riesgo sanitario y degradación ambiental.

En las áreas agrícolas, el uso intensivo de agroquímicos sigue en el centro del debate. Comunidades rurales denuncian aplicaciones aéreas cercanas a escuelas y viviendas, con casos registrados de contaminación de napas y afectaciones a la salud. Si bien existen normativas provinciales que regulan distancias y prácticas, su cumplimiento es irregular y la fiscalización insuficiente. Investigadores advierten que la acumulación de residuos químicos en suelos y cursos de agua puede generar impactos de largo plazo difíciles de revertir.

La gestión de residuos sólidos urbanos continúa siendo una deuda pendiente en gran parte del país. Solo un porcentaje menor de los municipios cuenta con sistemas integrales de separación, reciclaje y disposición final segura. En numerosos distritos, los basurales a cielo abierto siguen activos y representan una fuente permanente de contaminación del aire y el suelo. La informalidad del sector reciclador, clave para reducir la presión sobre el ambiente, carece de reconocimiento y apoyo sistemático.

En zonas industriales, especialmente en el cordón bonaerense y algunos polos petroquímicos del sur, los controles ambientales se mantienen por debajo de estándares internacionales. Vecinos de estas áreas reportan olores, emisiones y ruidos persistentes, mientras expertos señalan la necesidad de inversión urgente en tecnologías más limpias y sistemas de monitoreo continuo. Sin fiscalización adecuada, persisten prácticas que comprometen la salud pública y la competitividad sostenible de la industria.

El cambio climático amplifica estos desafíos. Sequías más intensas, incendios forestales recurrentes y eventos extremos de lluvia generan un impacto acumulativo sobre ecosistemas ya degradados. La pérdida de humedales y bosques nativos reduce la capacidad natural de amortiguar contaminantes y exacerba la vulnerabilidad de comunidades enteras ante desastres ambientales.

De cara al futuro, especialistas sostienen que Argentina necesita una política ambiental de Estado que combine inversión en infraestructura, fortalecimiento de organismos de control y transparencia en la información pública. Sin una estrategia coordinada entre Nación, provincias, municipios y sector privado, la contaminación seguirá extendiéndose como una amenaza silenciosa. El desafío es urgente: recuperar ambientes degradados y garantizar un desarrollo que no comprometa la salud de las generaciones actuales y futuras.