Lucía Wajsman, una de las impulsoras de la ley que creó el programa, fue contundente: “El desmantelamiento es literalmente la muerte de niños y bebés que esperan una cirugía de corazón para poder vivir”. La referente cuestionó la decisión del Gobierno y sostuvo que no se trata de un problema administrativo, sino de una política que impacta directamente en la supervivencia de pacientes vulnerables.

El Ministerio de Salud rechazó las denuncias y aseguró que el programa continuará funcionando con normalidad. A través de un comunicado, calificó las acusaciones como un “burdo intento de diseminar información falsa”.

Desde la cartera sanitaria sostuvieron que la desvinculación del personal responde a una “reorganización y optimización” del programa. Sin embargo, no precisaron cómo se cubrirán las funciones técnicas.

El cruce dejó al descubierto una fuerte disputa entre el Gobierno y organizaciones médicas por el futuro del programa.