El conflicto entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por el delantero argentino Julián Álvarez tuvo una resolución administrativa con una multa de 602 euros para el conjunto catalán, luego de que la entidad madrileña denunciara presuntos contactos irregulares durante el último mercado de pases.
El Atlético sostuvo que el Barcelona debía comunicarle formalmente su interés por el futbolista antes de iniciar cualquier negociación, dado que el delantero tenía contrato vigente hasta 2030, y la RFEF encuadró el caso como una infracción leve.
La sanción generó repercusiones por su bajo monto en relación con la disputa entre ambos clubes, mientras que el Barcelona anunció que apelará porque considera que su actuación no fue incorrecta.
